Según trascendió, el próximo Gobierno enviará al Congreso un proyecto de moratoria impositiva y previsional que incluirá una importante quita de las deudas que las empresas mantengan con la AFIP y planes de pago más flexibles. La iniciativa formaría parte del “pacto social” que es uno de los puntos principales de gobierno que impulsa el presidente electo Alberto Fernández, junto a gremialistas y empresarios.
Desde el entorno del próximo presidente, afirman que la iniciativa constituye una de las moratorias de mayor alcance en décadas, que respondería a uno de los principales reclamos de la industria, particularmente en lo que hace a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Esta refinanciación o quita de deudas permitiría una recuperación más rápida del entramado productivo del país, hoy con casi la mitad de su capacidad instalada paralizada.
El paquete se complementaría con la apertura de negociaciones para nuevas convenciones colectivas de trabajo por rubros y sectores, aunque desde organizaciones empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) reconocieron que la “reforma laboral” no será planteada como prioridad uno en el próximo período. Pero sí plantearían avanzar con proyectos que permitan la reducción de la litigiosidad, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT).
Según la información que maneja Fernández, existirían unas 400 mil empresas (en su mayoría pymes) con severas deudas tributarias con la AFIP, muchas de ellas al borde de una inhibición bancaria y en condiciones casi de crisis terminal. Además de los fuertes aumentos tarifarios y el desplome de las ventas en el mercado interno por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la presión tributaria habría constituido un claro factor de crisis para las empresas, lo mismo que la casi absoluta desaparición de las líneas de financiamiento accesibles.
En cuanto a la moratoria previsional, se trata de un pedido planteado específicamente por la CGT, que se complementaría con la presentación de un proyecto de ley para el blanqueo de empleados no registrados (considerando que el trabajo en negro llegó casi al 40% de la población laboral argentina) y una rebaja de contribuciones patronales y aportes para las Pymes durante un período determinado de tiempo.
