A través de un decreto, el Gobierno nacional finalmente publicó un drástico ajuste del gasto del Estado Nacional a través del congelamiento de la planta y recortes de incentivos salariales, entre otros puntos con los que busca avanzar hacia la reducción del déficit al 1,3% del PBI en 2019.
El recorte sería de 20 mil millones de pesos, y tendría como base la reducción del 3 por ciento anual (en 2018 y 2019) de la planta de trabajadores del Estado. Esta reducción se alcanzaría con jubilaciones y retiros, sumados claro al congelamiento de los ingresos.
En el decreto 632 publicado este martes, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional «no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019».
El texto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad -excluido el personal civil de esas citadas fuerzas-.
Además, el Gobierno dispuso que los convenios laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, «quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019». Esto implicaría que a partir del año unos 6 mil contratos quedarían sin efecto, lo que podría avecinar un conflicto para el Gobierno, que ya enfrenta uno similar en Télam por 350 despidos.
El decreto también establece que no se podrán instrumentar nuevos beneficios «tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019». El Gobierno acordó el mes pasado con UPCN un aumento del 15% para los empleados estatales y esta disposición pone en riesgo la posibilidad de una reapertura de esa paritaria.
También se determinó que deberá aplicarse una disminución del 30% en los pagos por «servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos» de los funcionarios públicos.
Esto significa que solo los ministros podrán trasladarse al exterior en «clase ejecutiva» de los aviones, mientras que los funcionarios con rango de secretario sólo podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a 8 horas.
