Luego de la declaración de Emergencia Alimentaria que sancionó el Congreso, otros sectores de la economía reclamaron que el Gobierno declare el estado de emergencia en sus respectivas áreas para morigerar los efectos de la crisis.
De este modo, empresarios del sector pyme elevaron a la Casa Rosada una serie de pedidos entre los que se destacan: líneas de crédito productivas con tasas del 21%; repro Pyme Express; mínimo no imponible sobre contribuciones patronales; suspensión del impuesto al cheque; eximición del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas; y postergación del pago de anticipos de Ganancias.
En esa línea, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), y ante la estrepitosa caída de ventas, reclamaron un DNU que declare «la emergencia económica, financiera y social por el término de 365 días a la comercialización de vehículos (motos, autos, camiones, micros, maquinaria agrícola y vial) a través de las concesionarias de marcas de todo el territorio nacional”.
Es fundamental para este propósito que existan facilidades de pago, y moratorias para la cancelación de las obligaciones impositivas y de la seguridad social; suspensión de juicios de ejecución fiscal; y medidas preventivas para el cobro de impuestos y obligaciones de la seguridad social para las concesionarias.
En relación a la construcción, y ante los inconvenientes que existen, como falta de financiación, demoras en pagos, etc, por parte del estado nacional y provincial, ejecutivos solicitaron que exista «un plan que vaya más allá del Gobierno de turno, y que no pase lo que siempre pasa, que hay demoras en los plazos, en los pagos, en el inicio de las obras”.
Por último, se sumaron a los reclamos de situación de emergencia los ministros de Salud de 14 provincias, que observan que necesitan ayuda ante el «abandono de programas nacionales en las provincias y falta de provisión de leche, vacunas, medicamentos, insumos, drogas oncológicas, reactivos, antiretrovirales, entre otros;
Deterioro en la cobertura de personas con discapacidad; Falta de regulación que lleva a un aumento explosivo de precios de medicamentos y de bienes y servicios indispensables para la salud de las personas; Y falta de previsibilidad y de decisiones políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado nacional.
