Por deudas impositivas la AFIP le reclamó a Uber 358 millones de pesos, en concepto de IVA y seguridad social que la plataforma digital de transporte privado no abonó. Por el momento, la APP es ilegal en casi todo el país a excepción de Mendoza, y administraciones como la de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron duras penas contra los conductores.
Sin embargo, esto no impidió para que cada vez más trabajadores, desocupados o necesitados de generar un ingreso extra, se sumen a manejar un auto para la aplicación. Desde UBER esgrimen que no tiene empleados contratados, sino que los chóferes son independientes, algo que no es considerado por el organismo que lidera Leandro Cuccioli.
Por eso, luego de un trabajo en conjunto de fiscalización de dos dependencias de la AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, «se dispuso el cobro de impuestos nacionales por $147.493.678, producto de $67.042.581 del Impuesto a las Ganancias y $80.451.097 del IVA», precisó la dependencia.
También la AFIP determinó que «pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte del grupo. Al realizar un profundo análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional».
No existen dudas para el organismo de que los trabajadores están en relación de dependencia porque «la empresa determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación; fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede ‘desconectar’ al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin».
La empresa respondió que recibió «notificación formal» y que «paga todos los impuestos, está a disposición de cualquier consulta de la AFIP y confía en seguir contribuyendo al crecimiento de la Argentina». Asimismo, afirma que «colaborará en el proceso administrativo que la AFIP indique, siguiendo lo que establece la legislación fiscal local, el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal».
Pero recuerda que, «respecto de la relación entre Uber y los socios conductores, en 2017, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 8 determinó, en sentencia firme, que Uber no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores». Se deja en claro además que «los Juzgados nº 7 y 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron con tres sentencias firmes, en noviembre de 2018, que los socios conductores no son empleados de la plataforma», contrariamente a lo que ahora sostiene la AFIP.
