La Asociación del Personal Técnico Aeronaútico (APTA), a través de un extenso informe, expuso las particularidades más relevantes de la política aerocomercial del gobierno, a través de las cuales -denuncian desde el gremio- se generan «enormes peligros» para Aerolíneas Argentinas y Austral.
«Los riesgos acechan principalmente en la apertura indiscriminada de nuestros mercados aéreos a aerolíneas extranjeras y a la demonización de las empresas nacionales por los subsidios que reciben» denunció Ricardo Cirielli, secretario general de la entidad.
Se denuncia también el intento de «reducir la operatoria de las compañías, el personal, achicar salarios e impulsar condiciones laborales a la baja».
«El gobierno también impulsa el reemplazo de las históricas y rigurosas Regulaciones Aeronaúticas Argentinas (RAAC) por otras más laxas, las Latinoamericanas (LAR)» insiste APTA.
En ese sentido afirman que «las empresas lucran sacrificando seguridad. Es la uberización de las practicas laborales, anulando convenios colectivos, precarizando y flexibilizando el trabajo además de forzar menores salarios» reza el informe.
El tema de fondo es que existe gran preocupación que por «el achique o desaparición de ambas compañías» podrían significar la pérdida de miles de puestos de trabajos y que existen muchas PyMEs aeronaúticas nacionales que son proveedoras de Aerolíneas Argentinas y Austral» con lo cual es un doble perjuicio.
Otro capítulo que no pasó por alto es el funcionamiento de las nuevas compañías Low Cost a las que se acusa de «competencia desleal», empresas a las que el gobierno les otorgó 284 rutas, entre las que se encuentra la empresas como Flybondi, una de las más peligrosas «de la historia».
Por todo lo expuesto, APTA pretende documentar y denunciar una suerte de irregularidades que quedarán sentadas administrativa y judicialmente en la lucha contra las políticas aerocomerciales de Cambiemos, porque «todas las nuevas empresas deben tener el personal técnico argentino suficiente, debidamente calificado y habilitado. Como así también un área de infraestructura y equipamiento necesarios para garantizar seguridad y eficiencia a los usuarios».
Es APTA y un capítulo más del reclamo permanente a las autoridades de la ANAC para que cumplan con su deber de regular y fiscalizar sin excepciones, a todas las empresas que actuan en nuestro país, tradicionales y Low Cost.
